MADRID // Orientar la compra pública de alimentos hacia un sistema más sano, más justo y más próximo es el objetivo que tratará de alcanzar la Izquierda Plural mediante la propuesta no de ley (PNL) que se debatirá este miércoles en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso. Esta propuesta está basada en una campaña organizada por Veterinarios Sin Fronteras (VSF) llamada Cortocircuito y en otra creada por Amigos de la Tierra denominada Alimentos Kilométricos.

En ellas, las organizaciones denuncian que las empresas relacionadas con el agronegocio se lucran a costa de la existencia de millones de personas hambrientas en el mundo, de una población obesa en el Norte global, de los campesinos a los que echan de sus tierras y no pueden vivir de su trabajo y de un planeta con recursos limitados que “cada día está más cerca de estallar”.

El director de VSF, Javier Guzmán, explica que la decisión de presentar al Congreso una PNL y no una iniciativa legislativa se basa en que su objetivo es crear un debate público y político, y esta propuesta es el primer paso para abrirlo. Pero también porque “lo que queremos es que este tipo de compra se impulse desde el Gobierno central ya que estas competencias están muy descentralizadas: hay Comunidades Autónomas, ayuntamientos, consejos comarcales…” y así hasta un total de 10.000 compradores potenciales de alimentación dentro del sector público. Es decir, que no se persigue tanto reglamentar como “abrir un proceso por el que las administraciones públicas regionales o locales concierten con los actores de cada región y procesos adaptados a las necesidades y realidades de cada zona para llegar a acuerdos beneficiosos para todos y no solamente para las grandes multinacionales”.

Además, consideran que la compra de alimentos por parte de las administraciones tiene capacidad para orientar a los mercados hacia un modelo económicos más justo ya que supone el 13% del PIB español y alrededor del 17% del PIB de media en la Unión Europea. A pesar del potencial beneficio que podría suponer para el conjunto de la ciudadanía española que los criterios de compra pública de alimentos se basaran en la salud de los consumidores y el fomento de la economía local, en los últimos diez años se ha duplicado la externalización a empresas multinacionales. Y esto supone un problema ya que estas compañías persiguen intereses meramente económicos que solamente las beneficia a ellas.

Por ejemplo, España exporta unos 205.000 kilos de carne de pollo al año e importa 330.000. O mientras que le vende al Reino Unido 72.000 kilos de patatas, el Estado español adquiere de este mismo país alrededor de 220.000. ¿A qué se debe este baile innecesario de alimentos? Según Guzmán, “al haberse desregularizado y globalizado el sistema agroalimentario, ha quedado en manos de grandes empresas para las que lo importante no es tanto el alimento en sí sino el movimiento de mercancías”. En los últimos 10 años, a nivel mundial “se ha incrementado un 84% la producción de alimentos mientras que su comercialización ha crecido un 184%. Es decir, que estamos mareando los alimentos porque en mandarlos de un mercado hacia otro es donde está el negocio. Cuantos más eslabones metes, más negocio generas para las grandes empresas”, añade Guzmán.

Consecuencias del negocio agroalimentario

Si en lugar de importar alimentos España consumiera lo que se produce en el ámbito nacional, lo primero que se notaría sería una considerable reducción en cuanto al impacto ambiental. Según el informe elaborado por Amigos de la Tierra, entre el 30% y el 40% de las emisiones mundiales de CO2 las causa este sistema alimentario basado en la compraventa de alimentos entre los diferentes países. En España, por ejemplo, los productos importados recorrieron algo más de 3.800 kilómetros de media en 2011 y generaron 4.212 toneladas de CO2. Pero también tiene consecuencias sociales.

Javier Guzmán explica que “muchas poblaciones del Sur global, en lugar de dedicar sus tierras a garantizar su propio derecho a la alimentación, las destinan a alimentar a otros países. Por tanto, las comunidades agrícolas y los campesinos de la zona son desplazados por las grandes empresas que se dedican a la exportación de productos para países europeos y del Norte global”.

Otra de las consecuencias positivas que tendría para España potenciar una compra pública basada en criterios de proximidad está relacionada con la generación de empleo. Primero, según los cálculos realizados por VSF y Amigos de la Tierra, solamente en empleos directos se podrían generar alrededor de 220.000 puestos de trabajo. A esto hay que sumarle que una parte de los territorios agrícolas está en mano de una pequeña población agraria que va disminuyendo cada año, su renta va bajando y cada vez está más alejada del salario medio del resto de los trabajadores.

Pero que las diferentes administraciones públicas españolas compraran productos nacionales también tendría un impacto positivo en la salud de sus consumidores. Dado que el objetivo de las grandes empresas es ganar dinero lo que hacen es comprar los productos a mayoristas internacionales. Tal y como explica Guzmán, esto implica que las dietas “no se adapten a los productos de cada zona, sino al precio que tengan o a lo que genere más margen de beneficio”. Es decir, alimentos con más hidratos, más grasas y más azúcares que, en palabras de Guzmán, “llenan el estómago, meten calorías vacías pero que tienen importantes consecuencias nutricionales”.

Además, cuando se quiere comercializar un producto obtenido mediante un sistema de proximidad, implica que está recién cortado o que es fresco, por lo que preserva sus propiedades y vitaminas. Algo que no ocurre con los alimentos que se meten en cámaras frigoríficas y que, cuando llegan al consumidor final, han perdido una gran parte de su capacidad alimentaria.

El único motivo por el que una empresa podría justificar elegir comprar alimentos en el exterior es que resultan más baratos, aunque es un argumento con el que tampoco está de acuerdo Javier Guzmán. “Antes de preguntarnos si es más barato habría que tener claro si es el mismo tipo de producto. Pensamos que todo son garbanzos, por ejemplo, pero ni de lejos tienen la misma calidad”. Por esta causa Guzmán considera que lo ideal es fomentar el consumo de alimentos ecológicos algo que rechaza un informe que elaboró el Ministerio de Agricultura a mediados del pasado año.

Mediante este estudio, el ministerio certificó que lo que provoca que el precio final de estos productos se eleve no es la forma de producirlos sino la longitud de la cadena alimentaria por la que pasan desde que salen de la granja hasta que llegan a la mesa del consumidor. De hecho, si se utilizara una cadena alimentaria corta, se reduciría el precio de los alimentos ecológicos hasta en un 50%, lo que conllevaría que más personas pudieran acceder al consumo ecológico, con el consiguiente impacto en la generación de empleo y de crecimiento en el medio rural.

Pocos motivos para rechazar la PNL

A pesar de que no parece haber razones para rechazar este propuesta no de ley y, al menos, debatir sobre la conveniencia de que la compra pública de alimentos se haga de acuerdo con los criterios de proximidad que solicita la Izquierda Plural, Guzmán ha querido analizar en qué pueden basarse para decidir no aceptarla. En primer lugar, pueden alegar que la libre competencia europea impide que primen los productos de proximidad lo que, para el director de Veterinarios Sin Fronteras, es falso.

“Países como Francia o Italia han incluido cláusulas que hacen referencia al tipo de producto, a su frescura, la raza de la carne… Es decir, requisitos indirectos que potencian el mercado local sin tener que conculcar la ley de competencia”. Además, el Parlamento Europeo aprobó hace un mes una directiva mediante la que se instaba a los diferentes gobiernos de la UE a incluir criterios sociales, medioambientales y de proximidad en todas sus compras públicas.

Lo único necesario para guiarse por estos criterios es trasponer la directiva europea y es aquí donde Guzmán localiza el segundo obstáculo. “Nos hemos encontrado con muchas administraciones en las que impera la desidia, así que pueden alegar que como la trasposición de esta directiva es un lío, prefieren delegar en una gran empresa”, alerta. Pero también está la motivación económica. “Creemos que hay intereses ligados a las grandes multinacionales y que hay políticos que prefieren defender a esas grandes empresas que el derecho de todos a alimentarnos de otra manera más sana, más justa y más sostenible”, concluye.